La Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE) realizada el año pasado tuvo como objetivo principal estimar la prevalencia de éstas en nuestro país, caracterizando el funcionamiento y las condiciones de vida de las personas que las experimentan. Liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es un proyecto muy valioso para las diferentes fundaciones, que lo utilizan para sacar conclusiones y planificar acciones basadas en los datos duros obtenidos.
El área de Estudios de Fundación Luz, tomó los resultados de la ENDIDE 2022 y agrupó las cifras específicas relacionadas con el ámbito de discapacidad visual, con cifras alarmantes.
En nuestro país existen alrededor de 153.560 adultos ciegos (1% de la población) y cerca de 4.683.567 (30,5%) con pérdida de visión, es decir, “ausencia de visión o una disminución de la capacidad para ver, hasta un punto en el que causa problemas que no se pueden solucionar por medios habituales, como, por ejemplo, lentes o anteojos”.
Las pobres cifras educativas de este masivo grupo de la población derivan en serios problemas para insertarse en el mundo laboral.
La información completa de este estudio está disponible en este documento, del cual presentamos algunos detalles:
Dentro del grupo de personas con discapacidad visual mayores de edad, se obtuvieron deducciones que sirven para levantar alertas en términos educacionales y, por ende, laborales. Por ejemplo, del grupo que ha perdido parte de su vista, un 47.8% no ha terminado la enseñanza media, mientras entre aquellos y aquellas con ceguera total, esto se eleva a un 62.2%.
La educación superior es solamente para unos pocos. Apenas un 15.9% de la primera agrupación consigue completarla, mientras que un exiguo 7.8% de la segunda logra terminarla.
El bajo porcentaje educativo redunda en una alta cesantía. Los desocupados o inactivos del primer segmento alcanzan un 53.4%, mientras que en el segundo esto crece hasta un 71.2%.
Constanza Melian, investigadora de Fundación Luz que realizó este análisis, relaciona las variables para aclarar las desventajas que van ocasionando a lo largo de todo el ciclo vital. «Ante estas cifras, no hay que olvidar que la educación, además de ser un espacio de desarrollo personal y formación, es un factor muy importante al momento de encontrar un trabajo y, por ende, en los ingresos que perciben las personas con discapacidad”, explica la socióloga.
María Alicia Albornoz, directora social de Fundación Luz, profundiza en el resultado de esta investigación. “Las cifras hablan por sí solas. El hecho de que sólo el 7.8% de las personas con ceguera total y el 15.9% con pérdida de visión logren completar la educación superior, nos confirma la brecha que existe entre la educación primaria y el mundo del trabajo”, comenta.
“Ya es hora de que estos números estén en la mesa del Ministerio de Educación y del Ministerio del Trabajo en su conjunto, para que la estrategia sea transversal y tenga un impacto efectivo en la vida de las personas, y también en la sociedad. Las universidades, los centros de formación técnica y los institutos profesionales, por lo tanto, también tienen un gran desafío: lograr abrir sus aulas a todas las personas, sin dejar fuera a aquellos que, producto de las barreras de entrada propias de la educación superior, no pueden entrar o continuar sus estudios”, concluye la cientista política.
