Este estudio surge como continuación directa de los hallazgos del estudio anterior Retornos económicos potenciales de la educación inclusiva en Chile: Análisis descriptivo basado en datos nacionales (Fundación Luz, 2026), donde se documentó que las personas con discapacidad en Chile enfrentan brechas educativas y laborales sustantivas. Un 60% de los adultos con discapacidad no completa la escolaridad obligatoria, frente a cifras considerablemente menores en la población sin discapacidad, y sólo un 10,8% alcanza educación superior completa, en contraste con el 31,4% de las personas sin discapacidad. Ese mismo estudio mostró además que, incluso entre quienes logran completar estudios superiores, la tasa de ocupación de las personas con discapacidad (51,5%) permanece muy por debajo de la de sus pares sin discapacidad (81,8%). Frente a esta evidencia, quedaba una pregunta abierta y central para orientar la política pública. Entre quienes logran insertarse en el mercado laboral, ¿la educación efectivamente equipara las condiciones en términos de ingresos, o persisten brechas incluso a igual nivel educativo? Este estudio buscó responder esa pregunta.
La respuesta que entregan los resultados es clara y, en cierto sentido, preocupante. La educación contribuye a reducir la brecha de ingresos, pero no la resuelve y mientras más alto es el nivel educativo alcanzado, más pequeño es el rol que juega la educación y las demás dotaciones medidas, en explicar dicha brecha. En paralelo, aumenta el peso de factores que el estudio no logra atribuir a diferencias observables entre ambos grupos.
La expectativa de que mayores niveles educativos se traduzcan en un trato más equitativo en el mercado laboral no se cumple para las personas con discapacidad en Chile. Ocurre, más bien, lo inverso: a mayor nivel educativo, una porción creciente de la brecha de ingresos deja de poder explicarse por diferencias en escolaridad, experiencia o sexo, y pasa a estar asociada a un trato distinto que aplica el mercado laboral a personas con características similares, pero distinta condición de discapacidad.
El hallazgo del tramo de educación superior incompleta profundiza esta lectura de manera particularmente elocuente. En ese grupo, las personas con discapacidad no parten en desventaja en sus características observables. Su experiencia potencial, en promedio, resulta comparable o incluso mayor a la de sus pares sin discapacidad, y aun así la brecha de ingresos persiste en su totalidad. Dentro de los límites de este estudio, se hace difícil encontrar una evidencia más directa de que la sola acumulación de credenciales educativas no garantiza equidad económica para las personas con discapacidad.
No obstante, esto no significa que la educación carezca de valor. En los tramos de menor escolaridad, cerrar la brecha educativa sigue teniendo un rol relevante, dando cuenta de alrededor de un tercio de la diferencia de ingresos. Sin embargo, el estudio sugiere que las políticas de inclusión educativa, por sí solas, tienen un límite. Avanzar en escolaridad constituye una condición necesaria, aunque no suficiente, para cerrar la brecha de ingresos de las personas con discapacidad que logran emplearse. Este hallazgo reposiciona la discusión hacia el otro extremo del problema: ¿qué ocurre dentro del mercado laboral en la contratación, la promoción, la asignación de funciones y la remuneración, una vez que la persona ya cuenta con el nivel educativo requerido?